Desde el año 2007 la energía solar fotovoltaica ha sufrido de cinco marcos regulatorios distintos, lo que hace imposible la viabilidad de los proyectos. No se puede regular un sector a golpe de decreto cada tres meses porque crea inseguridad jurídica. Las últimas modificaciones el 19 de noviembre con la entrada en vigor del RD 1565/2010 y el 23 de diciembre con la publicación del Real Decreto Ley 14/2010. Sólo 34 días para cambiar de opinión y hacer otra ley. Esto no es serio. Esta inestabilidad regulatoria a la que nos ha sometido el Gobierno es un ejemplo de lo que no hay que hacer en un sector emergente como el fotovoltaico que ha demostrado un gran potencial. No se pueden modificar las reglas de juego cada año. Una actividad económica con una regulación tan absolutamente cambiante hace imposible la viabilidad de los proyectos.
La estocada final a la energía fotovoltaica ha venido precisamente en el último decreto ley del 23 de diciembre con la entrada en vigor de una bajada de las primas con carácter retroactivo y la limitación de las horas de producción. La retroactividad y la limitación de la producción crean dos problemas muy graves. Por un lado, pone en una delicada situación financiera a más de 55.000 pequeños productores y emprendedores que han invertido sus ahorros y su futuro, y que tienen que seguir pagando religiosamente sus créditos a los bancos.
Ahora, una parte de ellos no podrá hacer frente a estos pagos, y las entidades financieras acabarán siendo los propietarios de las instalaciones solares a precio de saldo. Por otro lado, aparece el problema de la ‘inseguridad jurídica’ que da una pésima imagen a los mercados en el peor momento posible. Nadie quiere realizar una inversión sabiendo que el regulador improvisa y cambia las reglas del juego cuando le conviene.
Y aún existe una cuestión de mayor trascendencia: la economía familiar de los 20.000 agricultores murcianos cuyas inversiones en el sector ahora peligran. Ante esta situación, es de elogiar la decisión del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto, en el intento de evitar la pérdida de centenares de puestos de trabajo.
El resultado es que, aún con la demostrada capacidad de la industria fotovoltaica para sobrevivir y adaptarse a los constantes cambios regulatorios, los emprendedores e inversores ya no se fían de este errático Gobierno y no están dispuestos a jugársela. Prefieren invertir en otro país, con el consiguiente efecto dominó que esto tiene en el empleo y la economía local.
Mientras países como Alemania planifican su política energética a largo plazo haciendo que sean precisamente las energías contaminantes las que paguen el desarrollo de las energías renovables, creando con ello una fructuosa industria verde llena de riqueza y puestos de trabajo. España sin embargo camina sin rumbo en una subida imparable de los precios de la energía que siempre terminan pagando los ciudadanos.
Lo peor de la situación a la que se ha llegado es que todo se podría haber evitado si el Gobierno hubiese escuchado al sector de la energía solar y a las asociaciones, dispuestas a una bajada de primas estable a cambio de reducir los costosos trámites administrativos. Pero no. La manera de hacer política a la que nos tiene acostumbrados este Gobierno es una improvisación.
Esto debe cambiar. Hay que decirle alto y claro al Gobierno de la Nación que la improvisación a la que nos tiene acostumbrados nos está costando a los españoles mucho, y en regiones como la nuestra donde el Sol es nuestro principal recurso, además muchos puestos de trabajo.
En lo que respecta al sector fotovoltaico todavía hay un resquicio de esperanza. La vertiginosa evolución de la tecnología está consiguiendo que, antes de lo que se imaginaba, se alcance la llamada ‘paridad de red’; momento en el cuál será más rentable autoconsumir la energía generada por los paneles solares que comprarla a las compañías eléctricas. Será entonces cuando se produzca el verdadero despegue de la energía solar. Además, la nueva directiva europea de Energías Renovables que se aprobó en junio de 2009, y cuyo plazo de trasposición se acabó el pasado 5 de diciembre sin que España la haya aprobado todavía, intenta eliminar las actuales barreras regulatorias y administrativas que actualmente existen especialmente en España.
Ha llegado el momento de actuar. El sector fotovoltaico bien organizado y todos tenemos que entender que las renovables son, no sólo la solución al problema del importante peso que tienen los combustibles fósiles en el mix energético español sino también una de las soluciones clave para salir airosos de la dramática situación económica actual. Muestra de ello es que las energías renovables contribuyeron al PIB nacional en 2009 con 8.525 millones de euros, el 0,81% del total, casi el doble que las primas que recibieron ese mismo año, fijadas en 4.604 millones de euros, mantuvieron ese mismo año más de 99.850 empleos y contribuyeron a las exportaciones por valor de 3.024 millones (Fuente: Estudio elaborado por Deloitte para la asociación de productores de renovables, APPA). El sector ha superado en peso en la economía nacional al sector textil, el pesquero o el del calzado. Nuestro país y nuestra región no pueden permitirse perder esta importante fuente de actividad económica para la economía local.
Noticia extraída de “La Opinión de Murcia” del 22 de febrero de 2011.
